LOS 28 PUNTOS DEL IDEARIO DE El Manifiesto Argentino

El Manifiesto Argentino

IDEARIO GENERAL para la REFUNDACIÓN de la PATRIA

El Manifiesto Argentino es un colectivo integrado por ciudadanos y ciudadanas de toda la república, y todas las profesiones y actividades, que ha instalado ya en la agenda política de la República Argentina algunas ideas hoy fundamentales para la vida nacional. En primer lugar la necesidad de una Reforma Constitucional profunda y popular de la que resulte una Nueva Constitución Nacional.
              En segundo lugar una Reforma Judicial absoluta, tendiente a sustituir el corrompido e incorregible Poder Judicial vigente por un Sistema de Justicia transparente y ágil al Servicio de la Nación.
              Y en tercer lugar la identificación del actual como un gobierno estafador, que no sólo trampó a conciencia la voluntad popular sino que además se constituyó desde el 10 de Diciembre de 2015 en una mafia empresarial, prebendaria y nepotista, que destruye el Estado tornándolo indefenso, débil y lelo en favor de negocios familiares y amicales y al servicio de intereses extranjeros neocolonialistas.

El Manifiesto Argentino sustenta –en defensa de la Patria, nuestra historia y nuestra identidad, y del Estado Democrático– el presente IDEARIO POLÍTICO que va más allá de la coyuntura, que circula ya en todo el territorio nacional y que este Congreso ratifica. Y el cual consta de las siguientes propuestas:

1 • En la República Argentina la salud, la educación y la previsión social son asuntos de responsabilidad del Estado Democrático y por lo tanto son irrenunciables, indelegables e innegociables.

2 • El Estado Democrático es garante de la igualdad y la equidad social en beneficio del Pueblo Argentino. Las políticas sociales no son ni deben ser medidas asistenciales sino derechos reconocidos por el Estado y la sociedad.

3 • El Estado Democrático garantiza el habitat y los servicios públicos, impidiendo que el mercado sea el principal y a veces único referente de las decisiones. A tales fines estimula, impulsa y defiende la libre competencia, pero garantizando la imposibilidad fáctica, real o encubierta de todo tipo de monopolios. Los únicos monopolios admisibles son aquellos que hacen a la defensa de los recursos naturales, a los servicios públicos sociales y al desarrollo de áreas estratégicas y de indudable interés colectivo.

4 • Los recursos naturales de y en todo el territorio argentino, en superficie y en subsuelo, son también irrenunciables, indelegables e innegociables, y la prohibición de afectarlos como garantía de eventuales endeudamientos o negociaciones financieras tendrá rango constitucional. El manejo y control de los recursos naturales es función exclusiva del Estado Democrático, que anulará por decreto el antinacional régimen de "extranjerización de tierras" que el gobierno actual autorizó por decreto 820/16, y se restablecerá la “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales” de la ley 26.737 aprobada por el Congreso en 2011.
                        Partiendo de re-censar e inventariar todos los bienes públicos nacionales, provinciales y municipales, muebles e inmuebles, de uso o de servicios, territoriales y edilicios, acuáticos y del subsuelo, se creará por ley un régimen especial de preservación y gestión eficaz. Es urgente un Plan de Desarrollo Sustentable del Patrimonio Nacional que reasigne recursos para la prevención de desastres ambientales, la definitiva prohibición de la deforestación y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como de todo otro atentado a la biodiversidad y los recursos naturales no renovables. Urge reforestar provincias enteras (como Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Salta, Chaco y Córdoba). La Educación Ambiental será incorporada en todos los niveles educativos.

5 • La República Argentina, de cara a los poderes mundiales, sustenta su Soberanía integralmente, concebida ésta en un doble carácter Nacional y de Unidad Latinoamericana, y abierta a todos los pueblos del mundo sin ningún tipo de sometimientos. Desde esa concepción y ante un mundo multipolar y culturalmente diverso, la República Argentina es promotora de la paz con paz, y no se integra a ningún dispositivo guerrerista internacional.         En consecuencia la Política Exterior reafirma nuestra autodeterminación, así como todos los derechos históricos, geográficos y jurídicos de la República Argentina sobre nuestras Islas Malvinas, por lo que se dejará sin efecto todo acuerdo diplomático en contrario que se haya firmado, abierta o secretamente.
              Asimismo, se dará prioridad al fortalecimiento del Mercosur, la Unasur y toda otra asociación que coadyuve a la Unión Sudamericana como camino para afirmar la soberanía nacional y continental, sin aceptar alianzas disfrazadas de políticas de "seguridad" so pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

6 • La Transparencia de todos los actos públicos y/o de gravitación social debe ser Política de Estado y la vida en democracia caracterizarse por el control, lucha y castigo frente a toda forma de corrupción. Constituirán ejes de esta política: a) Un marco legal basado en el principio de la desconfianza y no del idealismo, con leyes que reconozcan y admitan las contradicciones de la naturaleza humana y sus debilidades, pero que dificulten sobremanera las posibilidades de que lo corruptible en efecto se corrompa; b) Un Sistema Judicial independiente, controlado por el Poder Legislativo con monitoreo vinculante de las organizaciones de la sociedad civil; c) Una opinión pública atenta, vigilante y desconfiada, fortalecida por la limitación estatal a todo monopolio comunicacional; d) Una sostenida campaña nacional de educación cívica, orientada a que la sociedad sepa ejercer control y fiscalización.

7 • Para concretar lo anterior, es urgencia republicana inmediata que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses durante los cuales se creará una Nueva Judicatura en todo el país y en todos los fueros, mediante concursos de antecedentes y oposición ante jurados integrados ad-hoc por respetadas personalidades y juristas de todo el mundo, pudiendo acceder a cargos judiciales ciudadan@s no graduados en Derecho.
            A la vez, se pondrá en práctica el sistema de Juicio por Jurados y la nueva Corte Suprema de Justicia será reorganizada con por lo menos 9 miembros elegidos por votación popular y con desempeño de funciones durante un máximo de 10 años, no renovables. La magistratura será sujeto fiscal sin privilegios y pagará impuestos como la ciudadanía toda.
            La declaración en comisión que postulamos se refiere específicamente al funcionariado superior, en particular jueces y fiscales (no a jefes intermedios o empleados).
            La organización, control y eficacia del nuevo Sistema Judicial será supervisado por la nueva Corte Suprema, y el Congreso de la Nación apoyará y controlará esta revolución judicial democrática con leyes y medidas excepcionales para superar la emergencia durante ese lapso y dejar encarrilada una nueva Administración de Justicia. La reorganización total del Sistema Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada finalmente en plebiscito nacional, previa intensa y pedagógica campaña cívica popular.
            La declaración del actual Poder Judicial en comisión, en todo o en parte, carecerá absolutamente de validez si acaso el actual gobierno lo intenta mediante decretos de necesidad y urgencia.

8 • El Estado Democrático es parte esencial en la lucha contra la impunidad. El reclamo de Verdad, Memoria y Justicia no es asunto que incumbe a las víctimas solamente, sino al conjunto de la sociedad. Se continuarán los procesos judiciales a los genocidas y cómplices civiles, empresarios y/o eclesiásticos, y se desarticularán y penarán todas las maniobras negacionistas.

9 • El Estado Democrático garantiza la igualdad y el pluralismo religioso, y procurará eliminar la legislación vigente promovida por la última dictadura civico-militar-religiosa que estableció cuestionables privilegios en favor de la Iglesia Católica. El Manifiesto Argentino considera conveniente y necesario separar al Estado de grupos religiosos, y por eso postula la inmediata eliminación de todos los símbolos religiosos tanto en el Poder Judicial, como en el Parlamento y todos los edificios públicos, nacionales, provinciales y municipales. La laicidad es un proyecto que democratiza e iguala, en la sociedad y en el Estado, las diversas creencias y convicciones.

10 • El Estado Democrático establecerá con urgencia una nueva Política de Medios de Comunicación, que prohiba e impida los monopolios mediante el acotamiento legal de los llamados multimedios a fin de que sólo les sea permitido expandirse en forma no monopólica. Esto significa que los medios televisivos no podrán ser propietarios de diarios o radios, ni éstos propietarios de sistemas de televisión, siguiendo el modelo de organización y control de la propiedad de los medios de comunicación que rige en los Estados Unidos. Se cumplirá estrictamente la llamada Ley de Medios, y se mejorará de manera concreta y real su aplicación en beneficio de sistemas de radio y televisión comunitarios y alternativos, garantizando la pluralidad informativa y la libertad de expresión. El Estado fortalecerá la radio y la televisión públicas no gubernamentales, con directivos surgidos de concursos transparentes y públicos en base a antecedentes profesionales, con gestión temporalmente limitada y con programaciones y gestión sometidos a control ciudadano.

11 • El Estado Democrático garantizará la protección a la Industria Nacional y el derecho al trabajo, así como la promoción y protección de la pequeña y mediana empresa, del sector cooperativo y de la economía popular. Y estimulará la reorganización y fortalecimiento del Sistema Cooperativo que le dio grandeza a la Argentina, hizo docencia en principios de democracia y solidaridad, y es un importante generador de empleos. La reconstrucción de la cadena de valor priorizará aquellos productos que permitan sustituir importaciones. Se dispondrá una tasa testigo baja para el crédito al sector productivo.

12 • El trabajo es un derecho de todos los argentinos. El Estado Democrático tendrá entre sus obligaciones principales implementar las medidas necesarias para garantizar y proteger el trabajo nacional. Entre ellas: suspensión de importaciones de todos los productos que puedan producirse en el país; libre funcionamiento de las paritarias; preservación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones; mejoramiento de la exención del IVA a los sectores más desprotegidos; reactivación del mercado interno garantizando la demanda necesaria a la producción nacional; anulación de toda legislación, decreto o medida que vulnere el derecho de huelga de l@s trabajador@s o el derecho a la protesta, incluidas aquellas que castigan las huelgas y/o chantajean a l@s trabajador@s no pagando los días de paro.

13 • El Manifiesto Argentino define al cultivo incontrolado de soja como el más grave caso de concentración económica maligna que padece nuestro país, por ser causa principal de la destrucción ambiental del territorio a la vez que su altísima plusvalía lo convierte en una fuente de corrupción extraordinaria.
              El negocio sojero desvirtúa la historia agrícola argentina; genera desarraigo, enfermedades y desempleo masivo; concentra una inmensa riqueza en unas pocas familias y empresas parasitarias, y encima sirve para engañar a la sociedad con el cínico argumento del "cambio climático". La soja incontrolada es responsable del desastre agrícola argentino, y sus promotores y beneficiarios son co-responsables del mayor crimen de lesa ecología de América Latina, para el que contaron y cuentan con la complicidad de cientos de funcionarios corruptos en todos los gobiernos. En sólo dos décadas 10 millones de hectáreas pasaron de la ganadería al monocultivo y dejaron de absorber agua en proporción equilibrada, verdadera causa de las inundaciones que hoy arruinan la hasta hace poco llamada pampa húmeda.
              Hoy principal exportación, este cultivo trajo tres gravísimas consecuencias: a) ser la más fabulosa fuente de ganancias de apenas un centenar de empresarios, banqueros y amigos del poder, entre ellos funcionarios del actual gobierno; b) ser una fuente de corrupción porque siempre necesitó de la vista gorda de miles de funcionarios de todos los niveles y los necesita ahora mismo; y c) es la causa de que millones de argentin@s padezcan los efectos devastadores de cientos de millones de litros de veneno volcados sobre el territorio argentino, lo que estudios científicos aseguran que produjo en 20 años una duplicación de la media nacional de cáncer.
              En consecuencia El Manifiesto Argentino propone una política agraria que cambie el actual modelo agrario de monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas por otro basado en una agricultura de rostro humano, en la que el sujeto agrario dominante sea el pequeño y mediano productor/a y visualizándose expresamente las cuestiones de género en la agricultura.
La chacra mixta será la unidad ejecutora central de la actividad profesional agropecuaria. Así, el desarrollo agrícola deberá combinar, necesariamente, sustentabilidad ambiental, rostro humano y ocupación geopolítica del territorio, con producción limpia y distribución de la renta y la riqueza, como única forma de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
            Las políticas públicas diferenciadas serán el instrumento central para garantizar la correcta instrumentación del programa agrario. No es justo ni lógico tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. No es igual un productor que tiene 50.000 o más hectáreas que uno que tiene 100, ni éste es igual a los campesinos sin tierra. 
            En el marco de estas reformas, se instrumentarán retenciones segmentadas; un impuesto a los latifundios, coparticipable y acordado con las provincias; y un nuevo relevamiento catastral de la tierra en todo el país, lo que es urgente y necesario para saber quién y cuánta tierra tiene cada argentino y/o extranjero, y a fin de que la justicia tributaria sea ley pareja y que cada quien pague de acuerdo a su capacidad contributiva.
           
14 • El Manifiesto Argentino impulsa políticas activas para la recuperación de taperas, la vuelta de la chacra mixta, la producción agroecológica y la prohibición de fumigar a 500 metros de las poblaciones rurales y/o escuelas y centros sanitarios, así como la prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional.
            El control del comercio exterior, la re-creación de la Marina Mercante Nacional; el pleno impulso a la Agricultura Familiar y Campesina; la estricta aplicación de la Ley de Bosques; el freno al cultivo sojero en todo el NEA y la expresa prohibición de sembrar soja en la Patagonia.
            Se reformará la Ley del IPCV (Instituto de Promoción de Carnes Vacunas) para pasar a promover el consumo y la producción de carnes alternativas (conejo, porcina, ovina, etc.). Se propondrá una Ley de Lechería, que garantice la protección de las cuencas lácteas frente al avance de la soja, y un plan activo para la formación de nuevos tambos. Se estimulará la agregación de valor en origen, la industrialización de la ruralidad y la inversión de un porcentaje de las retenciones en obras de infraestructura en el interior profundo, para detener o atenuar el proceso de migraciones rurales que sufre nuestro país a consecuencia de las deforestaciones masivas, la sojización inducida y el abandono de la ganadería en la pampa húmeda.

15El Manifiesto Argentino, dada la urgencia de los problemas urbanísticos y habitacionales de gran parte de la población, considera urgente y necesario redefinir los modelos de desarrollo urbano y las políticas territoriales. La cuestión habitacional en la Argentina requiere una política integral, que atienda y resuelva el déficit de viviendas tanto cuantitativo como cualitativo, y que se articule con políticas de suelo y de crédito, así como de regularización de títulos y dotación de agua potable, para lo cual se formularán políticas territoriales que integren la cuestión del desarrollo urbano a lineamientos nacionales, y se articulen con modelos productivos en consonancia con las políticas sociales, económicas y ambientales.

16 • El Estado Democrático pondrá en marcha un proceso de redefinición y reorganización de las Empresas del Estado en áreas estratégicas. Se estudiará la viabilidad, recuperación y eventualmente refundación de organismos como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, CONICET, una nueva flota marítima y fluvial del Estado, el fomento y control del Comercio Exterior, y los estímulos y protección necesarios para la investigación científica y tecnológica.

17 • El Sistema Impositivo y la Política Fiscal deben ser reformuladas, garantizando mecanismos de control para asegurar una verdadera equidad fiscal partiendo del principio de que inexorablemente deben pagar más impuestos quienes más tienen y más ganan.
              El Sistema Judicial en pleno pagará impuestos como toda la ciudadanía. Toda actividad bancaria y/o especulativa y/o financiera también, y los impuestos deberán ser proporcionalmente mayores a los que se aplican a las actividades productivas.
              Se estudiará el principio de que las actividades que generen empleo genuino puedan pagar menos impuestos.
              Asimismo, el Sistema Aduanero Nacional será inmediatamente reorganizado y desburocratizado con fuerte control estatal, resguardado de intereses privados, moralizado con urgencia y dotado de firmes, modernos y múltiples sistemas de control por parte de la ciudadanía.

18 • Las Fuerzas Armadas volverán a encuadrarse en el régimen legal democrático sancionado por el Congreso de la Nación, tal como rigió hasta Diciembre de 2015.
                       Las llamadas Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal y cada una de las instituciones armadas y policiales nacionales, provinciales y/o municipales existentes) serán reconsideradas, reorganizadas, remoralizadas y reeducadas in totum, con asistencia de expertos nacionales e internacionales y activa participación de la sociedad civil. Toda política de seguridad comunitaria será conducida por el poder civil terminando con todo autogobierno corporativo. Su misión se concentrará en la prevención y persecución del delito, dejando atrás el papel de control represivo sobre los sectores populares, especialmente jóvenes y opositores sociales.
                       Consecuentemente, y respecto de lo que se conoce como "combate" contra el Narcotráfico, se abandonarán los modelos y estrategias exclusivamente prohibicionistas y los enfoques meramente punitivos del consumo. El Manifiesto Argentino entiende que la lucha contra los narcopoderes es también una lucha política, social y educativa, que no debe solamente militarizarse ni descontextualizarse del respeto a los Derechos Humanos, y adhiere a las propuestas de organismos que trabajan seriamente asociando la Seguridad a los Derechos Humanos, a la vez que propone al pueblo argentino empezar a considerar la posibilidad del control estatal a la producción y consumo de drogas, como en su momento se hizo en el mundo con el alcohol y el tabaco.
                       En cuanto a los llamados "Servicios de Inteligencia", también volverán al régimen legal democrático sancionado por el Congreso de la Nación que rigió desde que se creó la Agencia Federal de Informaciones (AFI) y hasta finales de 2015.

19 • El Manifiesto Argentino, entendiendo a la Educación como la forja fundamental para la construcción de ciudadanía, propone el urgente retorno de la educación pública, gratuita, obligatoria y con sentido nacional y social en todos los niveles, y obligatoria hasta los pre-universitarios, asegurando la educación privada como sistema complementario.
            Asimismo, garantizado el financiamiento educativo tal como lo fija la Ley 26.075, se propone la urgente renacionalización de la educación, entendida como el retorno a un Sistema Educativo Nacional Único con validez en toda la república, que garantice una plataforma curricular cuya base estructural conciba contenidos educativos igualitarios en todo el país y se organice en función de las múltiples y complejas realidades de todo el territorio nacional, lo que implica respetar los desarrollos regionales y locales de los proyectos educativos, así como la participación de asociaciones de docentes y de padres de familia en la elaboración de contenidos pedagógicos.
            Asimismo, todos los financiamientos (nacionales e internacionales) serán auditados y controlados por la ciudadanía, a través de asociaciones o federaciones de cooperadoras, reportando los resultados de controles y auditorías al Consejo Federal de Educación que norma la Ley Nacional 26.606, el cual además será reformulado a fin de que las decisiones educativas de interés nacional sean vinculantes y de aplicabilidad ineludible en todo el país.
            Los sistemas de evaluación educativa serán diseñados priorizando los principios y necesidades del interés nacional y latinoamericano, tanto en la evaluación de los aprendizajes, como de las instituciones y el sistema educativo mismo. Y se promoverá la conciencia de que nuestra lengua nacional es el Castellano Americano, garantizándose a la vez la educación intercultural bilingüe respecto de cada uno de los pueblos originarios que habitan el territorio nacional.
            Se establecerán dispositivos que aseguren la cobertura y retención del estudiantado en todos los niveles. Se promoverá la educación técnica y la de adultos; también la educación popular operada por iniciativa de ONGs, cooperativas, empresas recuperadas y organizaciones territoriales, y se incorporará el estudio de principios de Filosofía, Lógica y Ética desde el nivel primario en adelante y en todo el país.
            Se promoverá el debate y la sanción de una Ley de Educación Superior que reasegure, profundice y actualice los principios y las mejores tradiciones de la Reforma Universitaria de 1918, explicitando a la Educación Superior como bien público y como derecho, e incorporando la materia Ética Profesional en todas las carreras universitarias y terciarias, públicas o privadas. Se garantizará el acceso libre, democrático y abierto a este nivel educativo, eliminándose toda forma de arancelización encubierta. Y se promoverán sistemas de becas en todos los niveles, para que los sectores sociales menos favorecidos tengan opciones de acceso al sistema educativo.

20 • El Manifiesto Argentino sostiene que la igualdad, la libertad y la convivencia tienen como base insoslayable la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada derecho de ellos es una obligación del Estado y la sociedad. Promovemos, exigimos y construiremos desde el nuevo Estado democrático, que no haya niñ@s con hambre, sin educación ni explotad@s. Rechazamos todas las propuestas de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y exigimos aplicar integralmente la Ley 26.061 de protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el presupuesto necesario para su implementación. Se propone discutir la necesidad de un Ministerio de la Infancia como estructura potenciada para implementar estas políticas. 
            Asimismo, El Manifiesto Argentino hace propias las reivindicaciones del movimiento por los derechos de las mujeres y de todas las minorías sexuales, los colectivos emergentes más activos de nuestro país en los últimos años, en lucha contra los privilegios del varón en la cultura patriarcal, y cultura cuyo paroxismo es la epidemia femicida, que en la Argentina asesina prácticamente una mujer por día.

21 • El Estado Democrático reafirmará el Derecho a la Salud, Universal, Integral y Gratuito, que hoy está garantizado por la Constitución y las leyes. 
            Reconociendo que el servicio de salud en la Argentina tiene fallas corregibles, El Manifiesto Argentino rechaza los intentos de privatizar también la Salud mediante la trampa llamada CUS (Cobertura Universal de Salud) que el presidente Macri implantó por decreto en Julio de 2016 y que de hecho establece un sistema de salud para ricos y otro para pobres. De ese artero modo, se privatiza la Salud Pública con el archirepetido argumento de que “funciona mal”. Así, el solo concepto de “cobertura” lleva a un sistema de "contratos de servicios" que por supuesto brindarán empresas privadas y que habrá que pagar aunque sea con aranceles diferenciados. Este perverso sistema ya funciona en Chile, México, Colombia y otros países donde la salud pública es de bajísimo nivel para las grandes mayorías populares, y un fabuloso negocio para la medicina privada. El Manifiesto Argentino sostiene que una "cobertura" implica un contrato; no un derecho. Y la atención por contrato, aun la más accesible, será prestada por privados, que a su vez tratarán al Estado como simple proveedor de servicios. Lo que equivale a la terminación de la Salud Pública Universal y Gratuita, que hoy atiende a toda la población en todo el país.
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22 • El Manifiesto Argentino considera a la Cultura como derecho, a todas las culturas como derechos y, por ende, promueve la necesidad de una Ley Federal de las Culturas. La Política Cultural de la República Argentina debe retomar las mejores realizaciones del gobierno anterior, a la vez que el Ministerio de Cultura será desburocratizado y reconvertido en un ágil organismo ejecutivo, coordinador de políticas y planes de interés cultural con sentido nacional y latinoamericanista.

23 • El Manifiesto Argentino no reconoce, rechaza y repudia el leonino endeudamiento externo constituido por el gobierno en funciones desde el 10 de Diciembre de 2015. En consecuencia, advierte a todas las naciones y a todos los poderes económicos y financieros del planeta que la deuda contraída irresponsablemente a partir de dicha fecha no será reconocida por la República Argentina.

24 • El Estado Democrático iniciará rápidas gestiones internacionales tendientes a la recuperación de más de 300.000.000.000 (trescientos mil millones) de dólares fugados por argentinos, particulares o empresarios, hoy en bancos y/o cuevas llamadas "paraísos fiscales" de todo el mundo.

25 • Desde el 10 de diciembre de 2015 el actual gobierno viene destruyendo el entramado institucional, jurídico, político, económico y social de la República Argentina mediante el inconstitucional abuso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En consecuencia, El Manifiesto Argentino proclama y reitera que todo lo que sea destruído, discontinuado o implantado por decreto, también por decreto será restaurado por el Estado Democrático.
             
26 • Por esa misma vía, y entre sus primeras medidas, el Estado Democrático derogará la nefasta Ley de Entidades Financieras de la dictadura y todas sus concomitantes, y procederá a la inmediata creación de un sistema bancario nacional basado en; a) orientar y potenciar al Banco de la Nación Argentina hacia el fomento agrícola; b) crear el Banco Industrial Argentino y el Banco Nacional de Desarrollo de Pymes; c) crear un nuevo Banco Hipotecario Nacional que administre, financie y provea créditos para recuperar y fortalecer el Plan Procrear; d) Crear el Banco Caja de los Trabajadores, para asistir en forma cooperativa a obreros y empleados con créditos blandos.

27 • El Manifiesto Argentino promoverá, en el marco de la plena autonomía y libertad sindical de l@s trabajador@s, la creación de una nueva y única Central de Trabajador@s basada en el principio de afiliación voluntaria y en defensa de los intereses de obrer@s y emplead@s de todas las ramas de la producción o servicios, asegurando un eficaz y democrático sistema de recambio dirigencial periódico mediante el voto directo de todos los asalariados, y sistema que garantice la equitativa participación y representación del universo trabajador de todo el país.

28 • El Estado Democrático pondrá en marcha prioritariamente, por necesarios y urgentes, una Reforma Política y un Nuevo Pacto Federal.
            La ciudadanía necesita recuperar la confianza en el sistema político, para lo cual debe instalarse primero el debate en la sociedad. El principio constitucional de que “el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” está cuestionado desde hace muchos años y es necesario que la ciudadanía vuelva a confiar en sus representantes, para lo cual es indispensable que la Nueva Constitución Nacional defina y legisle nuevas formas de participación popular no delegativas. Es imprescindible revisar y reformular, con serenidad y cordura, todo el sistema de representatividades vigente en la Argentina, así como es menester formular UN NUEVO PACTO FEDERAL entre todas las provincias argentinas, que si fuere necesario modernice nuestra geografía política y acabe con el vigente sistema chantajista de co-participaciones.
                       La Reforma Política incluirá el perfeccionamiento y modernización del sistema electoral nacional mediante voto popular en urna, con firme rechazo a maniobras como la del gobierno actual que pretende tramposamente "tecnologizar" el voto, lo que sólo amplía las posibilidades de manipulación e imposibilita el control popular del sufragio.
                       La Reforma Política establecerá nuevos modos de financiamiento de la política que terminen con las formas ilegales de aportes, tanto de particulares como de empresas, y especialmente de los grandes grupos económicos y mediáticos que someten y condicionan a los Partidos. Es clave para ello fortalecer el rol del Estado y del presupuesto para sustentar todas las instituciones, incluidos Partidos y campañas electorales.
                       El Poder Legislativo deberá ser repensado por la Convención Constituyente, incluyendo la reconsideración del sistema bicameral, así como el número de legisladores, grado de representatividad, dotaciones de personal, eliminación de gastos reservados y otras prerrogativas, y asegurando el control ciudadano de toda la gestión legislativa.
           
Estas y muchas otras decisiones son gravitacionales para el funcionamiento de la democracia, y deben ser meditadas, consultadas con expertos, evaluadas con serenidad y decididas luego de debates nacionales serios y profundos, que garanticen la libre expresión de la ciudadanía. Y las decisiones finales deberán ser sometidas a un plebiscito nacional vinculante.

El Manifiesto Argentino ratifica finalmente que, para el impulso, divulgación y concreción de este IDEARIO no exige ni pretende que ningún compatriota renuncie a la identidad ideológica, política o partidaria que tenga, pero sí espera que cada uno/a promueva estas ideas en el seno de las instituciones, comunidades e incluso partidos de los que forme parte. Lo que importa es que este IDEARIO se reproduzca y encarne en el espíritu y la acción de la ciudadanía toda. @

¡VIVA LA PATRIA!


En la Ciudad de Santa Fe, 3 de Junio de 2017.

1 comentario:

  1. Participo plenamente del ideario expresado en el Manifiesto Argentino. Me permito señalar que el tratamiento de la salud en el punto 21 no avanza sobre la industria del medicamento y la cooptación de los organismos de control como el ANMAT por parte de la industria. También correspondería garantizar la producción y provisión de medicamentos básicos por parte del estado, la regulación de la comercialización de los llamados medicamentos de Venta Libre y la publicidad de medicamentos en los medios masivos. Actualmente se puede afirmar que un importante porcentaje de los costos asistenciales de la población surgen de la mala utilización de medicamentos promocionados en los medios públicos ocultando (¿deliberadamente?) las contraindicaciones o efectos colaterales perjudiciales astutamente disimulados en la tan reconocida como irracional frase "ante la menor duda consulte a su médico".

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